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SOFOFA analiza las implicancias de la nueva ley de cadena de suministros y debida diligencia de Alemania y su impacto en los proveedores chilenos

Santiago, septiembre 2023.- La semana pasada, SOFOFA llevó a cabo un webinar sobre la nueva ley de cadena de suministros y debida diligencia de alemana, que busca garantizar la responsabilidad social y ambiental de las empresas de Alemania a lo largo de sus cadenas de suministros.

Durante la instancia, se analizaron los detalles de esta nueva ley y su impacto en las entidades involucradas, tanto para las empresas de ese país, como para los proveedores chilenos, además de conocer su potencial impacto en el comercio y los negocios entre las empresas de ambas naciones.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del capítulo chileno del Consejo Empresarial Chile – Alemania de SOFOFA, Klaus Winkler, quien indicó que “este es un momento crucial en las relaciones comerciales internacionales que requiere atención y espíritu de colaboración en lo que respecta a las políticas públicas que repercuten en las cadenas de suministro, el transporte y la logística”.

Respecto al rol de las empresas chilenas como componentes integrales de las cadenas de suministro de las empresas alemanas, explicó que estas “no sólo aportan bienes y servicios diversos y esenciales, sino también un compromiso con las prácticas éticas y respetuosas con el medio ambiente que se ajustan a la nueva Ley de Cadena de Suministro y Diligencia Debida de Alemania. La colaboración entre empresas chilenas y alemanas fomenta una relación mutuamente beneficiosa, potenciando el crecimiento económico, la innovación y la sostenibilidad para ambos países. Al garantizar la integridad y resistencia de la cadena de suministro, los exportadores chilenos desempeñan un papel crucial en el apoyo a la industria alemana en su búsqueda de la excelencia, la innovación y la responsabilidad, reforzando los lazos económicos entre ambos países y promoviendo una economía global basada en el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”.

Cabe destacar que, aunque la colaboración entre Chile y Alemania es prometedora, esta nueva normativa presenta riesgos potenciales para las empresas exportadoras chilenas. “Los requisitos en materia de derechos humanos y normas medioambientales, aunque de importancia fundamental, pueden plantear retos, especialmente para los exportadores más pequeños que no dispongan de los recursos necesarios para adaptarse rápidamente a las nuevas normativas”, explicó Winkler.

Ante este escenario, será crucial que las empresas chilenas evalúen y refuercen proactivamente sus prácticas en la cadena de suministro, asegurándose de que cumplen las normas establecidas por esta ley alemana y así continuar prosperando en el mercado alemán y reforzar la asociación económica entre los dos países.

También participaron de esta instancia, Vanessa Wannicke, asesora de Política de Promoción y Desarrollo de Comercio Exterior de la Federación de Industrias de Alemania (BDI); Jenny Ohme, consultora de la Agencia de Economía y Desarrollo (AWE) y Empresarial y Uta Knott, organizadora alemana de este seminario.

Sobre la ley de presupuesto y debida diligencia de Alemania

En junio de 2021, el parlamento alemán aprobó una nueva ley que obliga a las grandes empresas a identificar, prevenir y abordar problemas de derechos humanos como el trabajo forzoso, el trabajo infantil y las condiciones laborales inseguras, así como riesgos medioambientales como la deforestación y la degradación medioambiental relacionada. Las empresas deberán publicar un informe anual detallando su nivel de riesgo, así como las medidas que están aplicando para abordar los problemas pendientes en la cadena de suministro.

Las sanciones por incumplimiento incluyen multas (de hasta el 2% de la facturación media anual global) y la exclusión de la posibilidad de obtener contratos públicos durante un máximo de tres años.

En 2023, la ley se aplicará a las empresas con sede en Alemania con más de 3.000 empleados o a las sucursales registradas en ese país de empresas extranjeras con más de 3.000 empleados. Luego, en 2024, la ley se aplicará a las empresas con más de 1.000 empleados.

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