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Columna de opinión, presidente de SOFOFA “Dominga y la institucionalidad ambiental”

HermannINT

Hace un tiempo debatimos sobre la incerteza jurídica en Chile y sus consecuencias para las inversiones. Ahora, el rechazo del proyecto minero-portuario Dominga en la región de Coquimbo abre el debate respecto a la independencia técnica de nuestra institucionalidad ambiental, la que también tiene directa correlación con el desarrollo de la actividad empresarial.

No voy a realizar un análisis de la pertinencia de la decisión del Consejo de Evaluación Ambiental, pues eso escapa de mis competencias, pero sí creo pertinente detenernos a analizar la realidad que enfrentan las inversiones en nuestro país y cómo nuestra institucionalidad vela por el resguardo del entorno, sin entorpecer nuestro desarrollo.

Situaciones como la vivida por Dominga, y por muchos otros proyectos, comparten un elemento común: en todos, la autoridad ambiental recomendó su aprobación por dar cumplimiento a las normativas vigentes, pero fue una instancia política la que revirtió esta decisión.

No es posible que una empresa que enfrenta un proceso de evaluación ambiental por años, invirtiendo millonarios recursos para responder a las solicitudes de los técnicos ambientales, luego vea que su proyecto es desechado por consideraciones políticas. Estos hechos le agregan un alto grado de incertidumbre a quienes invierten, afectando considerablemente la imagen país.

La seriedad e independencia de un sistema de evaluación ambiental radica en su capacidad de evaluar íntegramente una iniciativa de inversión, resguardando que ésta dé pleno cumplimiento a las exigencias sociales y ambientales del entorno en el que se emplaza. Si tras esa evaluación, que representa un gasto importante de recursos para el titular y para el Estado, el proyecto es aprobado, se debe dar curso a su ejecución.

Es necesario que el Estado, desde los poderes políticos, establezca lineamientos generales de inversión. Esa es una mirada de futuro que permite canalizar adecuadamente los proyectos, transparentando los límites para desarrollar iniciativas en Chile.

No obstante, estos lineamientos deben ser objetivos, técnicamente justificados y conocidos por todos. Lo que no es aceptable, es que estos no existan y que las autoridades políticas de turno decidan, de acuerdo a sus propios criterios, el futuro de las inversiones que van en beneficios de todos chilenos. Especialmente si estos soslayan la recomendación de la institución técnica competente.

Una alternativa para hacer frente a esta dificultad sería que la autoridad se pronuncie, de manera previa y vinculante, respecto a los ámbitos donde se pueden desarrollar inversiones en Chile y en qué condiciones. De esta forma, antes de ingresar al sistema el titular tendría claridad respecto a la voluntad política de impulsar un proyecto de esas características en un determinado territorio.

 Hermann von Mühlenbrock

Presidente SOFOFA

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